DESDE CHINCHINÁ
Sandra Lucía Díaz ha instaurado el jueves 29 de agosto una Acción de Tutela en la que solicita al juez constitucional que no sean vulnerados los derechos : A UN ADECUADO NIVEL DE VIDA, el derecho fundamental A LA SALUD, A LA VIDA, LA ALIMENTACIÓN, LA VIVIENDA, EL TRABAJO Y LA DIGNIDAD HUMANA, A LA EDUCACIÓN Y A LA INFORMACIÓN de la comunidad del municipio de Chinchiná.
Teniendo en cuenta que el resultado del censo poblacional determina temas trascendentales como las transferencias de recursos del presupuesto general de la Nación, las clasificaciones de los municipios en función del número de habitantes y las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad del municipio de Chinchiná.
El sistema estadístico hace parte de los bienes públicos de las sociedades modernas, condición sustancial para hacer realidad el derecho antes aludido en tanto:
- la realidad tiende a entenderse y expresarse en estadísticas; estas contribuyen a la construcción de imaginarios colectivos;
- las estadísticas ofrecen los medios para estudiar los hechos sociales y son la base para formular políticas públicas;
- son instrumentos para evaluar los resultados de las políticas públicas y la gestión de los gobernantes;
- los altos costos de producción de la información estadística requieren de la institucionalidad pública; además, los institutos de estadística son financiados con los impuestos pagados por la ciudadanía.
Los resultados del Censo, alteran directamente los indicadores económicos, sociales y políticos; además, afectan las transferencias de recursos públicos a la municipalidad.
Dicho sea de paso, que los recursos del Sistema General de Participaciones constituyen una de las principales fuentes de financiación de la inversión local, por lo que no deja de ser censurable que las inconsistencias en el censo de la población desaten consecuencias relacionadas con la insuficiente asignación de recursos, que son indispensables para la financiación de los servicios a cargo de las entidades territoriales, priorizando los servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas, con énfasis en la población pobre.
Convocamos a todas las fuerzas vivas de Chinchiná a coadyuvar esta iniciativa con su firma, y exigir mediante esta acción constitucional la protección de los derechos fundamentales de la comunidad de nuestro municipio y adicionalmente, abrir un espacio participativo y técnico, donde confluyan diferentes actores locales (Concejo Municipal, Personería, líderes sociales, veedurías ciudadanas, el representante de la mesa de víctimas, entre otros) que permita a la comunidad Chinchinénse contar con información objetiva y desagregada sobre el número de habitantes, su distribución en el territorio y sus condiciones de vida.
Sandra Lucía Díaz Tejada
c.c. 30.353.
