La Comisión Segunda o de presupuesto, encabezada por Carlos Humberto Velásquez Patiño del partido Social de Unidad Nacional, convocó al Jefe de Unidad de Rentas, Óscar Diego Arango, para que socializara con los encargados de analizar todo lo relacionado con impuestos y los diferentes contratistas interesados en la reducción del cobro de Industria y Comercio para personas naturales.
El impuesto de industria y comercio es un tributo autorizado por la Ley 14 de 1983 para ser recaudado por los municipios. En la respectiva ley de creación y autorización se definen la base, el hecho generador y los rangos de tarifas para cada tipo de actividad. En el caso propio de nuestra ciudad, se clasifica como un impuesto local, en razón a la relación de interdependencia que se presenta entre la posibilidad de desarrollar actividades económicas y obtener ingresos dentro de una respectiva jurisdicción, dadas unas condiciones de infraestructura física, mercados, factores de producción y servicios.
“Es muy importante estos espacios, ya que se da la suficiente claridad a todos los temas de ciudad, en este caso pudimos demostrar que el cobro del impuesto es legal y está enmarcado en el acuerdo y en la Ley. Vamos a tener en cuenta todas las recomendaciones que nos hicieron, en este momento nos encontramos estructurando el proyecto de reforma tributario, pero en este momento la realidad jurídica es que el acuerdo N° 704 está vigente”, aseguró Óscar Diego Arango, Jefe de la Unidad de Rentas.
Para muchos de los asistentes, el debate fue de gran importancia debido a las alternativas que existen para hacer menos impactante esta carga para los contratistas, profesionales, técnicos y tecnólogos que presten un servicio en Manizales. “Esperemos que se amplíen los plazos para los que ya les toca pagar sanción, que en ultimas es lo más gravoso, debido a que es más alta que el impuesto mismo”, afirmó Jhon Alexander Álzate, Abogado de la Empresa Magma Abogados.
En este mismo orden de ideas, el Presidente de la Comisión resalta que la Administración Municipal es consiente que la tarifa a cobrar es alta, y buscará las alternativas de ampliar el plazo para que todos los profesionales que no presentaron a tiempo esta declaración, no reciban sanciones. “Como concejo estamos dispuestos a trabajar en la reforma de los estatutos, y lo más importante es que ambas bancadas estamos de acuerdo en que la Administración y el señor Alcalde deben de revisar este tema”, explicó Velásquez Patiño.
Para finalizar, es necesario añadir que el cobro es legal, pero lo que la ciudadanía y los corporados desean, es que se aclare el monto de la tarifa.
TOMADO DEL BOLETIN DEL CONCEJO
