Los colombianos estamos hastiados de la corrupción. Saber que miles de millones de pesos terminan en los bolsillos de políticos corruptos nos causa desazón. Ver cómo Alejandro Lyons Muskus, que se apropió de recursos del departamento de Córdoba en cuantía exorbitante, disfruta en Estados Unidos de prisión domiciliaria nos produce rabia. Y nos causa más rabia saber que una vez regrese al país solo pasará cinco años en prisión después de entregar una mínima parte (4.000 millones de pesos) del dinero que se robó, gracias a un principio de oportunidad firmado con la Fiscalía. Este es uno de los casos que nos hace pensar en la necesidad de que se apruebe una ley anticorrupción que castigue en forma severa a quienes traicionen la confianza ciudadana.
Esta es una de las razones que debe motivarnos a acudir a las urnas este domingo para votar la consulta anticorrupción. Contestar sí a las siete preguntas es una oportunidad que tenemos de exigir castigo para aquellos políticos que esquilman el Estado. Si queremos ponerle freno a la corrupción que asfixia al país, si queremos que la plata para la alimentación de los niños no se la roben, si queremos que los recursos para la salud se manejen de forma transparente, debemos ir masivamente a las urnas para notificarles a los corruptos que estamos cansados de tanto saqueo del erario público. Duele saber que Odebrecht les entregó a Bernardo ‘Ñoño’ Elías y a Otto Bula miles de millones de pesos para que le fuera adjudicado el contrato de la Ruta del Sol. Contra eso vamos a votar.
Una de las consecuencias graves que trae la corrupción es el sobrecosto en las obras públicas. Los contratistas saben que, si quieren ganar una licitación, deben untarles la mano a los funcionarios encargados de adjudicarla. Esto eleva los costos. Así las cosas, una obra contratada por el Gobierno se triplica en su valor. ¿Cuántas calles se habrían pavimentado con la plata que les entregó Odebrecht a los políticos? El dinero que esta constructora dio en sobornos no fue de sus arcas. Fue plata del Estado, que es como decir plata nuestra, de los colombianos que pagamos impuestos. Ese dinero salió del contrato firmado con el Estado. Si se contesta sí a la pregunta sobre los pliegos tipo en la contratación, que busca la transparencia en los procesos, estaremos cerrándole puertas al soborno.
Los colombianos no podemos esperar a que el Congreso de la República se autorregule. Eso nunca va a pasar. Los congresistas no van a renunciar a sus privilegios. Llevamos veinticinco años tratando de que esta corporación apruebe leyes que castiguen la corrupción, y no lo hemos logrado. De votarse como exige la ley, es decir, más de doce millones de votos por el sí en la consulta, y seis millones favorables a cada pregunta, la propuesta se convierte en mandato. Entonces el Congreso estaría en la obligación de convertir en ley esos enunciados. De no hacerlo, el Presidente de la República lo haría a través de decretos con fuerza de ley. Sobre todo porque es la voluntad del pueblo la que se está expresando. Así de sencillo.
Entre las preguntas que los colombianos debemos responder en la consulta hay dos que tienen connotaciones jurídicas: el salario de los congresistas y su periodo como legisladores. Algunos juristas sostienen que por tratarse de temas de orden constitucional, el procedimiento no sería el indicado. Sin embargo, hay quienes dicen que por ser un mandato del pueblo, el ajuste sí procede, aunque se necesite una reforma de la Constitución. Las dos preguntas son esenciales. Limitar a tres periodos la permanencia de un congresista permite renovar la clase política y, de pronto, acabar con los cacicazgos. Y una asignación de veinticinco salarios mínimos le permite a un político vivir bien. Ellos son personas con capacidad económica. Si no fuera así, no estarían allá. Una campaña cuesta mucha plata.
¿Cómo se le puede poner freno a la corrupción? La consulta pregunta si se está de acuerdo con que a un condenado por este delito se le dé detención intramural en vez de casa por cárcel. Si los colombianos contestamos sí a esta pregunta, será un arma efectiva para tratar de disuadir a quienes pretenden apoderarse de recursos del Estado. Igual sucedería con la expropiación de sus bienes. Cuando un corrupto se apropia de dineros públicos es porque sabe que pagará poca cárcel y, después, saldrá a disfrutar de lo robado. Y como la nuestra es una sociedad permisiva, que no ejerce condena moral, la plata lo hará ver como alguien digno de respeto. Por todo lo anterior es que debemos salir este domingo a votar sí en la consulta anticorrupción. Solo así podemos exigir transparencia en la contratación.
TOMADO DEL CORREO
