La Empresa Departamental para la Salud (EDSA) reportó que este año Caldas ha dejado de percibir cerca de 600 millones de pesos para la salud, debido a la ilegalidad en chances y rifas en el departamento.

En compañía de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Policía de vigilancia y gracias a la información de la comunidad se han realizado 35 capturas. Además, se han ejecutado allanamientos y operativos en Manizales, Manzanares, Marquetalia, La Dorada, Villamaría y Chinchiná. Actualmente, estos municipios son los que tienen mayor registro de ilegalidad.

El gerente de EDSA, Pedro Alejandrino Zárate Vanegas, reiteró el llamado a que los ciudadanos no jueguen rifas y chances ilegales, y no se expongan ni expongan a su familia, debido a que este delito puede ocasionar condenas entre seis y ocho años.

Zárate Vanegas añadió que se realizó un seguimiento al contrato de concesión de la empresa Susuerte en 19 municipios con el fin de controlar los puntos de venta y verificar que cumplan con la normatividad vigente y los requisitos para trabajar en los municipios.

“Se han hecho 82 visitas a diferentes puntos de venta de Caldas. Es una empresa con todas las condiciones legales, responsable y seria, que cumple con la contratación legal. La idea es realizar 400 visitas en los puntos del departamento”, añadió el gerente.

El dato
En la página web www.edsa.gov.co los ciudadanos pueden consultar qué rifas y bonos están vigentes y son legales. Hay que tener en cuenta que el único operador autorizado para vender chances legales es Susuerte.

Empezó el proceso de selección de las familias que se beneficiarán con los subsidios de mejoramiento de vivienda, según los lineamientos estipulados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). 400 hogares mejorarán sus condiciones de habitabilidad con estos apoyos, que llegarán a 7 municipios de Caldas.

El convenio suscrito con el Gobierno de Caldas, mediante la Secretaría de Vivienda y Territorio, avanza en su segunda fase. Esta consiste en la focalización de la población objetivo donde se realiza la preinscripción de los posibles beneficiarios. Luego se valida la información, se realiza la selección y se recibe la documentación pertinente.

Edwin Sánchez Aristizábal, encargado de la Unidad Técnica de Vivienda de la Secretaría, explicó: “el DPS y los 7 municipios beneficiados deben llevar a cabo una convocatoria para inscribir a las personas durante dos días de la semana. Los potenciales beneficiarios deben ser parte de la Red Unidos, víctimas del conflicto armado, pertenecer a niveles 1, 2 y 3 del Sisbén o ser  madres comunitarias. Ellos pueden acercarse a la respectiva alcaldía con su documento de identidad para hacer la inscripción”.

En Supía y Salamina ya se llevaron a cabo las preinscripciones  y se espera realizar el proceso esta semana en Norcasia, La Dorada, Chinchiná y Riosucio. En Manizales está programado para la primera semana de agosto.

“Las familias que aspiren a este subsidio deben contar con el título de propiedad de su vivienda, certificado de libertad y tradición y que no estén en zona de alto riesgo no mitigable”, indicó Sánchez Aristizábal.

Debido a la alta demanda en las preinscripciones, las adjudicaciones se harán vía sorteo en los días y lugares previstos por el DPS. Posteriormente se procederá a hacer la verificación de las condiciones de las familias.

La cifra
Cerca de 4 mil millones de pesos se invertirán en estos mejoramientos de vivienda.

Un nuevo logro tiene Caldas en sus finanzas. El recaudo de impuesto al degüello llegó a 1.657 millones de pesos a julio de este año, lo que representa una cifra cercana a lo recibido en un año cuando esta función les correspondía a los municipios.

El secretario de Hacienda departamental, Luis Alexánder Pineda, destacó el resultado y aseguró que se espera terminar el 2018 con cerca de 1.900 millones de recaudo. El funcionario recordó que a partir del 1 de enero de este año, el recaudo, control y fiscalización de este impuesto volvió al Gobierno de Caldas.

“Hemos visto una eficiencia en el proceso. Esperamos recaudar 3 mil millones de pesos más al finalizar. Esto se da porque logramos un mayor control, y eso que lo mejoraremos, será más expedito, en campo, lo que podría mejorar aún más el recaudo”, dijo el funcionario.

El secretario explicó que con un especialista se realizará el control de sacrificio ilegal, para evitar diversas  prácticas que ya se ven en varios departamentos con la carne para el consumo y que se deben controlar. “Haremos un proceso integral para velar por la salud pública de los ciudadanos, pues según las cifras, con la entrada en vigencia del decreto 1500, el consumo de carne ilegal aumentó el 15%”, dijo Pineda.

La cifra
El impuesto al degüello es el pago de cerca de 16 mil pesos por cabeza de ganado sacrificada.

El dato
Los recursos que recibe el Gobierno de Caldas por concepto de este gravamen se utilizarán para adecuar 17 centrales de sacrificio a los requisitos del Decreto 1500.

El Gobierno Departamental sigue comprometido con el acompañamiento a Palestina para cumplir con los requisitos del plan de desarrollo. Mediante la Secretaría de Planeación, la administración de Caldas prestará la asesoría técnica al municipio, luego del pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Caldas acerca del plan que se presentó en febrero pierde validez por problemas de legalidad.

La razón es que el proceso no se realizó de acuerdo con los requerimientos de la Ley 152, que exige cumplir los plazos para la radicación del documento, lo cual se debía hacer en enero.

El secretario de Planeación del departamento, Juan Felipe Jaramillo Salazar, indicó que su despacho estableció unas fechas, a partir del 17 de noviembre del 2017 hasta el 17 de enero de 2018, para presentar un documento completo al Consejo Territorial de Planeación, a la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) y una copia al Concejo Municipal de Palestina. Este requisito se estableció, en cumplimiento de la ley.

Sin embargo, en el control de legalidad que asume la Gobernación de Caldas se evidencia que el documento se radicó un mes después, es decir en febrero. Jaramillo Salazar añadió que se deberá elaborar nuevamente el plan bajo la normatividad que exige la ley, que incluye socialización con la comunidad y con el Consejo Territorial de Planeación.

Así las cosas, Palestina tiene hasta septiembre de este año para radicar el documento, debido al pronunciamiento del Tribunal, que fue el pasado 16 de julio. “Hasta que no haya un plan que goce de legalidad, se seguirá con el plan de desarrollo del alcalde anterior, Mauricio Jaramillo, que es legal porque no ha sido sancionado”, concluyó el secretario de Planeación de Caldas.