POR GONZALO QUIÑONES
La extradición a nuestro país del funcionario mimado de don Álvaro Uribe Vélez y que durante su gobierno de la seguridad democrática, actuó como ministro de agricultura don Andrés Felipe Arias, cuya formación profesional e inteligencia pública lo llevó a montar con mucha astucia el sonado Agro ingreso Seguro, se ha convertido en una fehaciente demostración que la Justicia sí cuenta y practica la clasificación de delincuentes de primera, segunda, tercera categorías.
Esa forma como su extradición reservada tuvo su desarrollo, esa forma como el Centro democrático, o sea el partido de gobierno, lanza a los cuatro vientos su voz de cohonestación, diciendo que Arias no es un delincuente, ni un prófugo de la justicia. Sino que es el más honesto funcionario en la vida política del país.
Y en la órbita jurídica de Colombia, todos perfectamente alineados; amparando esa prudencia disfrazada, esa cautela hipócrita en favor de un personaje, condenado a 17 años de prisión por su indelicadeza y desfachatez de favorecer con muchos millones de pesos del erario público en favor de los seguidores y áulicos, seleccionados por Uribe, (CD) Quienes conforman una gran élite de personas con mucho poder económico y alta categoría social, mientras que los campesinos rasos, humildes y necesitados fueron convertidos en víctimas directas del abandono e indiferencia de un funcionario y un Estado indolente y rosquero.
Hoy somos testigos de las inclinaciones, o tendencias anodinas del aparato judicial de nuestra Patria, venido a menos, desacreditado por la forma como asume sus responsabilidades frente a los delitos grandes y frente a los delincuentes de cuello blanco, quienes tienen una responsabilidad enorme de dar ejemplo, por sus condiciones de ostentar títulos profesionales, formación académica, que los hace protagonistas conscientes de sus actuaciones, por las que tienen que responder a la luz de los mandatos de ley.
Y queda haciendo falta los favorecimientos para los delincuentes de crímenes de lesa humanidad, amparados por el fuero consagratorio de “congresistas” que manchan la institucionalidad y la dignidad de los 48 millones de colombianos que vivimos aquí según el último censo poblacional del DANE. .Ellos son, un tal Santrich, y toda la camada insurgente de los paramilitares, narcotraficantes y disidencias criminales de las farc, que actúan casi libremente en las zonas más apartadas y abandonadas de nuestra Nación.